En
el período post-invasión (1990- presente), el sistema político panameño se ha
caracterizado por la alternabilidad en el poder de sus principales partidos
políticos, el Partido Panameñista (PA) y el Partido Democrático Revolucionario
(PRD), con la excepción de la administración gubernamental 2009 – 2014, en
donde el PA permitió a una nueva formación (Partido Cambio Democrático – CD)
encabezar el Ejecutivo. Luego de 2 años, esta coalición finalizó con la salida
del PA y el control total del gobierno por parte del CD.
Generalmente
los partidos políticos de oposición han esgrimido las acusaciones de
corrupción, como uno de los principales instrumentos de ataque político contra
los gobernantes, ofreciendo poner “tras las rejas” a los corruptos y practicar
administraciones transparentes. En la práctica, ocurría todo lo contrario, no
se investigaban las denuncias formuladas, y las prácticas cuestionadas se
mantenían en pie. Esta mutua indulgencia
dio pie a dos frases ampliamente utilizadas para caracterizarla: “yo no te
investigo, tu no me investigas”, con el corolario de que “en Panamá no pasa
nada”.
La
situación cambió con la actual Administración, liderada por el Presidente Juan
Carlos Varela. El Ministerio Publico, la Contraloría General de la República,
la Corte Suprema de Justicia y hasta la Asamblea Nacional, han actuado para
someter a investigación y castigar a jueces, empresarios, ex – funcionarios de
alto nivel y al propio expresidente Ricardo Martinelli. Sorprendentemente, lo
que parecía constituir un paso adelante hacia un modelo de gestión
gubernamental transparente y apegada a la legalidad, empieza a manifestar
deformaciones que afectan principalmente a los pequeños y medianos negocios.
El
problema es que los medios de comunicación, en la práctica, han sustituido a las
instancias judiciales, en la tarea de juzgar y condenar a los sospechosos de
los ilícitos. Esta desviación ha adquirido tal magnitud que la cúpula de la
Iglesia Católica se ha visto obligada a llamar la atención. Efectivamente el Cardenal
José Luis Lacunza Maestrojuan, en medio de la
celebración de la XLV Cita Eucarística, realizada el 22 de junio en el estadio
Rommel Fernández, llamó a no”...hacer venganzas estériles y anticristianas, ni
de hacer circos mediáticos”.
Los “circos
mediáticos” a que se refiere el Cardenal han creado un clima de paranoia y
temor que está afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Han
convertido a todos los panameños en culpables hasta que demuestren su
inocencia. Veamos varios ejemplos:
La
empresa X que produce ventanas y
puertas, con 15 trabajadores de planta, es subcontratada por el consorcio Y, a quien el gobierno anterior le
adjudicó la construcción de un hospital. El consorcio Y es considerado sospechoso de haber incurrido en sobrecostos y
eventualmente el pago de coimas, razón por la cual el Gobierno actual ha
decidido detener los desembolsos y paralizar la obra, hasta que finalicen las
auditorias y otras investigaciones. Mientras tanto, la empresa X al no recibir los pagos por parte del
consorcio Y (y otros en igual
situación) se ha visto obligada a despedir 8 empleados, quedando con 7 y si la
situación no se esclarece en un tiempo prudencial, tendrá que cerrar sus
puertas.
El “circo
mediático” ha convertido al consorcio Y,
ante la opinión pública, en culpable de actos de corrupción y las autoridades
gubernamentales, aun cuando no encuentren pruebas que demuestren tal acusación,
preferirá dar por concluido el contrato y buscar otro contratista, aunque esta
dilación conduzca al cierre de pequeñas y medianas empresas. Mientras tanto, el
consorcio Y, con ramificaciones
internacionales y poder económico, no tendrá problemas en entablar contra el
estado panameño un largo juicio para reclamar daños y perjuicios (juicios que
generalmente pierden los gobiernos panameños).
El
calificativo de “tortugón” dado al gobierno del Presidente Juan Carlos Varela
procede, por parte de las pequeñas y medianas empresas, de la lentitud para
adoptar decisiones (por ejemplo, que hará a corto plazo el gobierno con
respecto del consorcio Y?).
Otro
ejemplo, proviene del sector bancario. Aquí actúan dos circunstancias: una
externa, las presiones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) destinadas a
eliminar el secreto bancario del Centro Financiero Internacional (CFI) mediante
las leyes recientemente aprobadas contra el Lavado de Dinero y el Terrorismo.
Otra interna: la confirmación de que al menos un Banco recibió aparentemente
dinero procedente de actos de corrupción (el banco actualmente está
intervenido).
En
este contexto, los cuentahabientes de larga data estamos recibiendo llamadas de
los oficiales para aportar evidencia del origen legítimo de nuestros depósitos,
presentar estados financieros y otros documentos probatorios. Los depósitos en
efectivo, incluso de pequeña monta, son ahora objeto de minucioso análisis,
bajo el supuesto de que somos culpables y nos corresponde demostrar la
inocencia.
El
resultado concreto es que los trámites bancarios se han hecho engorrosos y encarecido,
empujando a la gente incluso a las pequeñas empresas al sector financiero informal,
lo cual se refleja en el incremento abrupto de las tasa de interés en este
sector (del 10% han pasado al 20% mensual).
Finalmente,
podría suponerse que los procedimientos administrativos relacionados con las
contrataciones y pagos gubernamentales que se realizan bajo este gobierno están
libres de toda sospecha y, por consiguiente, son expeditos. La realidad es otra
porque muchos funcionarios, imbuidos del convencimiento de la culpabilidad
previa de todos los proveedores del estado, y temerosos, por consiguiente, de ser
engañados en su buena fe, aun cuando los contratos se apegan estrictamente a
los procedimientos que establecen la ley y los reglamentos, demoran los
desembolsos e incluso procuran no ser ellos los que los legitimen con su firma “para
no tener que subir y bajas escaleras” según una expresión común a los panameños
en estos tiempos de paranoia y temor.
Paradójicamente,
en todas las latitudes y todas las épocas, estas restricciones al pago de los
proveedores del estado solo han servido para que prospere la corrupción
mediante el pago de coimas para la entrega de los cheques.
Por
lo tanto, el estado panameño, uno de los principales promotores de la economía
en las últimas décadas, se asemeja hoy a un gran elefante blanco aquejado de
dolencias artríticas. Los señalamientos provienen de todos los sectores y la
situación ha llegado a un punto crítico. Como siempre ocurre en situaciones
similares y, de acuerdo a la teoría del péndulo, no sería nada extraño que se
abra paso una tendencia muy distinta, que el dique de contención sea barrido
por el imperio de los intereses económicos y las demandas sociales.
