La reciente creación del Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE) de Panamá, fue recibida con beneplácito por todos los sectores interesados en esta problemática. Desde su creación el Ministerio ha realizado actividades puntuales en todo el país, las cuales ha publicitado en las redes sociales, las cuales confirman el entusiasmo de sus funcionarios.
Sin embargo, la institución está
confrontando problemas en la implementación de su Proyecto emblemático “1
millón de hectáreas” reforestadas. El Proyecto se plantea teóricamente de la
siguiente forma:
“El
acuerdo subraya el propósito a través de esta alianza público-privada de
alcanzar el potencial forestal del país, y lograr así el apoyo necesario
nacional e internacional para proteger los bosques, las fuentes de agua y la
biodiversidad panameña, promover la reforestación comercial, la restauración de
zonas degradadas, la agroforestería, el manejo sostenible de los bosques
naturales y la conservación de bosques naturales como un aporte a la economía
rural”. Se indica que esta integra tanto al sector público, los
intereses privados y a la sociedad civil.
Sin embargo, las primeras noticias son preocupantes.
El Proyecto se ha propuesto reforestar 300 hectáreas en las Provincias de
Herrera y Los Santos, una de las zonas más deforestadas del país, pero esta
meta podría no cumplirse por las condiciones climáticas adversas y deficiencias
en la logística (no se cuenta con la oferta de plantones requeridos).
Además, una parte importante de los
productores agropecuarios se niega a participar pues reclama un subsidio
directo a sus acciones de reforestación ($2,500 – 3,000 por hectárea
reforestada), mientras que los administradores del Proyecto están exigiendo una
contrapartida por parte de los participantes. En un país caracterizado por una
amplia variedad de subsidios, la propuesta de MIAMBIENTE ha sido rechazada
tácitamente. Sin la participación del sector agropecuario la propuesta carece
de viabilidad.
Por otra parte, a pesar de que el Proyecto
se presenta como una “alianza”, en la práctica MIAMBIENTE ha asumido – con un
contraproducente “celo” institucional - toda la responsabilidad por las tareas
de reforestación, excluyendo a otras instituciones estatales, autoridades
locales y organizaciones de la sociedad civil (con la excepción de pequeñas
iniciativas mediáticas). En la práctica, la titánica tarea de plantar un millón
de hectáreas es percibida como una tarea exclusiva del Ministerio.
Este enfoque tan limitado es una herencia
de administraciones anteriores. ANAM antes y ahora MIAMBIENTE, no
han prestado atención a las interacciones rurales-urbanas aunque resulta evidente una creciente mutua
influencia entre estos espacios. El resultado práctico de esta omisión es la dificultad para vincular los planes municipales de desarrollo urbano con la protección de las cuencas hidrográficas. Los alcaldes siguen siendo invitados de piedra, en la mayoría de los Comités de Cuencas Hidrográficas.
Tampoco han relacionado la escala de trabajo, desde el nivel de parcela, hasta la conservación de una cuenca por ejemplo. Los proyectos de reforestación se focalizan en las áreas protegidas y riberas de los ríos, pero su incidencia en las tierras de los productores es mínima.
Tampoco se ha hecho mucho por integrar diversos socios que actúan en distintas escalas y escenarios, y con distintos roles tales como productores, ONGs, OCBs y tomadores de decisiones.
Tampoco han relacionado la escala de trabajo, desde el nivel de parcela, hasta la conservación de una cuenca por ejemplo. Los proyectos de reforestación se focalizan en las áreas protegidas y riberas de los ríos, pero su incidencia en las tierras de los productores es mínima.
Tampoco se ha hecho mucho por integrar diversos socios que actúan en distintas escalas y escenarios, y con distintos roles tales como productores, ONGs, OCBs y tomadores de decisiones.
La Alianza por el Millón de Hectáreas
debió presentarse a consideración de sus actores principales, para definir una
estrategia de consenso. Todavía hay tiempo de corregir el rumbo, abriendo la
más amplia participación sin reticencias, atentos a escuchar todas las
sugerencias, procurando en especial llegar a un acuerdo estratégico con el
sector agropecuario.
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